Políticas Públicas para la comunidad LGBT… en lenta construcción

Serie: Políticas públicas y diversidad: el caso de la comunidad LGBT+

Imagina que un día, encuentras a una persona grandiosa con quien quieres compartir tu tiempo, tu espacio y tu vida. Comienzan a vivir bajo el mismo techo; se hacen de un hogar en el que se comparten gastos, problemas, preocupaciones, esperanzas y responsabilidades. Su vínculo es de lo más fuerte y cercano. Ahora imagina que lo quieren hacer legal y acuden al registro civil para casarse … y no pueden. Las y los servidores públicos les dicen que no es posible ya que la ley no lo permite.

Seguramente, si te defines como heterosexual aquel escenario no te resulta familiar. Aunque hipotético, lo descrito está fundado en situaciones reales que viven numerosas familias de la comunidad LGBT+, por no hallarse reconocidos sus derechos plenamente en las constituciones de los estados (no en todos) ni en la normativa federal correspondiente[1].

Esta problemática, como muchas otras mencionadas en el número anterior, evidencian los pendientes en materia legal y de políticas públicas para este grupo. Si bien, son numerosos los ámbitos y ejes desde los cuales es posible y deseable una intervención, en materia de derechos civiles y políticos, el tema más visible es el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas homoparentales.

Su incorporación en la ley como una figura jurídica significa el reconocimiento de derechos por parte del Estado y la sociedad y, con ello, la posibilidad de su efectivo ejercicio, garantía, protección y promoción.

Aunque al día de hoy, hay avances importantes para la comunidad LGBT+ en la normatividad federal, existen aún temas ausentes y esenciales para garantizar el respeto y ejercicio pleno de sus derechos humanos, principalmente en el diseño e implementación de políticas públicas transformativas en lugar de neutras a la identidad de género[2], que contribuyan a eliminar la discriminación y el acoso por identidad o expresión de género.

En cuanto a legislación, la Suprema Corte de Justicia (SCJN) generó jurisprudencia desde 2015 que permite el matrimonio igualitario, sin embargo, la adopción para parejas del mismo sexo aún está lejos de legislarse. En 19 Estados se puede acceder al matrimonio igualitario, pero en algunos este es resultado del trabajo de la SCJN; en otros no existe una modificación al Código Civil para que se acepte la unión entre personas del mismo sexo. Un caso paradigmático que contribuyó a ello, es el de Chihuahua, pues fue el gobernador en turno quien ordenó que no se negaran las actas de matrimonio, empero en entidades como Tabasco, no hay otra manera más que la del amparo (Gómez Mena, 2021).

En cuanto al derecho de adopción en parejas homoparentales, aunque en 14 estados existe este derecho, en realidad, no se han generado los mecanismos de operación. Solo 5 parejas han podido hacerlo en los últimos cinco años (García, 2020). Esta solo está permitida en la Ciudad de México, Coahuila, Campeche, Colima, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Nayarit, Aguascalientes, Querétaro, Guerrero, Baja California y San Luis Potosí (García, 2020).

Estos avances en cuanto a lo normativo, aunque no es un escenario óptimo, son los primeros bloques de un largo y proceloso camino pues, como la experiencia deja ver, no basta con que esté en la ley; si no que requiere además ser traducido en políticas públicas para institucionalizar en la administración pública medidas de prevención, actuación y sanción ante la homofobia, lesbofobia, transfobia, plumofobia, bifobia; medidas en la impartición de justicia ante la discriminación en el espacio público; medidas en los sistemas de salud y de educación para hacerlos más diversos e incluyentes.

Sin duda, el trabajo realizado por CONAPRED con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que en uno de sus ejes “reconoce la importancia de garantizar el respeto, la protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación por medio de políticas para atenderlas con el propósito de construir un México en Paz (CONAPRED, s.f.); son un preámbulo para transversalizar la perspectiva de género en todas las instituciones públicas y privadas de nuestra sociedad.

En las siguientes entradas de esta serie, se irá profundizando más el trabajo hecho por CONAPRED dentro de la función pública, así como más rasgos del contexto en el que se mueve la comunidad LGBT+ y los retos que enfrenta en materia de políticas públicas.