02/06/2023 
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El campo de estudio del trabajo infantil ha ido fortaleciéndose dentro del ámbito de la sociología, especialmente en los estudios sociológicos de la infancia y otras disciplinas de ciencias sociales desde hace varios años, al menos desde 1980, y se ha convertido en uno de los enfoques que permiten el estudio de las primeras manifestaciones de la desigualdad social.
En este blog adoptamos esta perspectiva que se basa en un conjunto de supuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos. En particular, seguimos los lineamientos del enfoque constructivista (James y Prout, 1990), que entiende que la infancia no es universal y que los niños son agentes activos, capaces de construir lo social y competentes para reflexionar sobre sus experiencias. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta su punto de vista para comprender las características de cualquier fenómeno social y, especialmente, aquellos que les afectan directamente.
Sin embargo, el presente busca demostrar que muchas de las investigaciones sobre esta temática han pasado por alto principios que necesitan ser planteados. Se han enfocado en describir, analizar y cuestionar las formas de opresión a las que se ven sometidos los niños que trabajan, resaltando que esta práctica viola los derechos reconocidos socialmente en la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN).
No se resta el valor de estos estudios, pero es importante ir más allá de la mera denuncia y explorar otras dimensiones del trabajo infantil, las causas sistémicas que lo ocasionan y perpetúan.
Para poder comprender, y a su vez trabajar, plenamente esta problemática, es necesario abordar las causas subyacentes, los factores socioeconómicos y culturales que contribuyen a su existencia y persistencia.
Es fundamental escuchar sus voces y entender cómo perciben y experimentan el trabajo infantil. Esto implica ir más allá de la visión paternalista que los presenta únicamente como víctimas y reconocer su agencia y capacidad de agencia en la toma de decisiones, así como la carencia de oportunidades para ejercerlas.
Además, es importante considerar las dinámicas locales y contextuales en las que se desenvuelve el trabajo infantil. No se trata simplemente de condenar una práctica universalmente, sino de comprender las particularidades de cada situación y diseñar estrategias eficaces de intervención y prevención.
En resumen, es necesario trascender las aproximaciones unilaterales y estigmatizantes en el estudio del trabajo infantil. Debemos adoptar un enfoque más holístico y multidimensional que tome en cuenta la perspectiva de los niños, analice las causas y factores contextuales y promueva soluciones sostenibles. Solo así podremos avanzar hacia la erradicación efectiva del trabajo infantil y la protección integral de los derechos de la infancia.
El estudio del trabajo infantil ha sido objeto de investigación en diversos campos académicos como la sociología, la antropología, el trabajo social, la economía y la psicología, así como en organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Sin embargo, estas investigaciones han reflejado posiciones políticas e ideológicas enfrentadas.
Por un lado, encontramos investigaciones que abogan por la erradicación del trabajo infantil, basándose en hallazgos empíricos que demuestran la necesidad de combatir esta práctica. Por otro lado, hay quienes creen que la presencia de niños en el trabajo es una realidad compleja que requiere una revisión de los enfoques abolicionistas. Estos enfoques buscan relativizar la idea de que el trabajo infantil siempre es sinónimo de explotación y cuestionan las nociones convencionales de la infancia.
Es importante tener en cuenta estos diferentes discursos y posiciones en la investigación sobre el trabajo infantil, ya que están en juego distintas visiones sobre lo que es apropiado o no para los niños.
Además, es notable la cantidad de investigaciones que se han llevado a cabo en este campo, principalmente basadas en estudios de casos a diferentes escalas de análisis, desde barrios y ciudades hasta provincias y países. Estos estudios buscan comprender las diversas modalidades de trabajo infantil en diferentes sectores económicos, utilizando enfoques metodológicos cualitativos, cuantitativos y mixtos.
Sin embargo, es necesario reconocer que gran parte de estas investigaciones se han centrado en describir el fenómeno del trabajo infantil sin profundizar en su análisis teórico y contextual. Aunque la descripción y medición son un paso importante, resultan insuficientes por sí solas.
Por lo tanto, es necesario ir más allá de las investigaciones meramente descriptivas y superar la visión simplista de que el trabajo infantil es inherentemente negativo, pues se deben considerar factores contextuales, socioeconómicos y culturales que influyen en su existencia.
Asimismo, destacamos la importancia de reflexionar sobre las implicaciones de las políticas y programas implementados para abordar el trabajo infantil. Es fundamental analizar los resultados de estas intervenciones y evaluar su efectividad en la protección y promoción de los derechos de los niños, en lugar de perpetuar una dicotomía entre abolicionismo y relativización.
Para lograrlo, es necesario fomentar la colaboración y el diálogo entre distintos actores, incluyendo académicos, expertos, organizaciones internacionales, gobiernos y la sociedad civil
Es fundamental adoptar un enfoque basado en los derechos de los niños, reconociendo su derecho a una infancia libre de trabajo infantil y a recibir una educación de calidad. Esto implica garantizar el acceso a servicios básicos, como la salud y la educación, así como promover oportunidades de desarrollo adecuadas para ellos y sus familias.
Asimismo, es esencial abordar las causas subyacentes del trabajo infantil, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades económicas. Esto requiere políticas integrales que promuevan el empleo decente para los adultos, la protección social y la inversión en educación y capacitación.
El caso en particular de Estados Unidos (EE. UU.) sobresale dadas las recientes controversias que se han suscitado en el presente año y que dan un precedente, al ser un país de primer mundo, de lo que sucede en otras partes del mundo. EE. UU. es la única nación del mundo que no ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de Naciones Unidas. Este documento, redactado en 1989, sirve para proteger los derechos de los niños mediante la acción gubernamental.
Los países que han ratificado la CDN se muestran en verde:
Durante una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, se reveló que el gobierno federal de los Estados Unidos está involucrado en una operación multimillonaria de trata de personas dirigida a menores no acompañados en la frontera sur. Tara Lee Rodas, quien se ofreció como voluntaria en la Operación Artemisa, un plan de la Administración Biden para abordar la crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México en 2021, compartió su impactante descubrimiento.
En lugar de ayudar a ubicar a los niños en hogares, Rodas descubrió que los niños están siendo traficados a través de una red sofisticada que comienza con el reclutamiento en sus países de origen y continúa con el contrabando hacia la frontera a cargo de organizaciones criminales.
Algunos de los patrocinadores ven a los niños como una fuente de ingresos, lo que ha llevado a un aumento alarmante en el tráfico laboral de menores.
El testimonio de Rodas se presentó en una audiencia titulada «La crisis fronteriza de Biden: Explotación de niños extranjeros no acompañados», organizada por el Subcomité Judicial de la Cámara de Representantes sobre Integridad, Seguridad y Cumplimiento de la Ley de Inmigración. Durante su trabajo en el sitio de admisión de emergencia de Pomona Fairplex en California, Rodas presenció de primera mano el sistema de inmigración de Estados Unidos lidiando con menores no acompañados.
El refugio de emergencia en Pomona Fairplex albergó a hasta 10,000 niños migrantes en 2021 antes de su cierre. Sin embargo, la llegada de menores no acompañados a la frontera sur no ha disminuido desde entonces. Rodas expresó su preocupación de que el gobierno de Estados Unidos esté actuando como intermediario en una operación de tráfico de niños dirigida por actores maliciosos que buscan beneficiarse de la vida de los niños.
Rodas presenció casos en los que los patrocinadores, supuestamente familiares o personas responsables del cuidado de los niños, continuaban traficando con ellos. También vio evidencia de depredadores y traficantes que se hacían pasar por patrocinadores para explotar a los niños. Además, observó situaciones en las que los niños estaban en servidumbre por deudas, siendo obligados a quedarse con el patrocinador hasta que se pagara la deuda.
En febrero, por ejemplo, el periódico informó sobre inmigrantes recién llegados a Estados Unidos que estaban trabajando en violación de las leyes laborales para niños en fábricas importantes del país.
Aunado a ello, y en medio de crecientes violaciones, las presiones de múltiples industrias para cambiar la legislación sobre el trabajo infantil han logrado cambios legislativos que afectan a estos grupos vulnerables y presentan el escenario ideal para que estas prácticas se normalicen en entornos corporativos.
El incumplimiento de las leyes laborales relacionadas con el trabajo infantil y los intentos de revertir las protecciones para los menores están en aumento en todo Estados Unidos. Durante el último año (2022), el número de menores empleados en violación de las leyes de trabajo infantil aumentó en un 37%, y al menos 10 estados introdujeron o aprobaron leyes que eliminan las protecciones laborales para los niños en los últimos dos años.
Estos esfuerzos por debilitar las normas de trabajo infantil a nivel estatal forman parte de una campaña coordinada y respaldada por grupos de la industria que buscan diluir eventualmente las normas federales que rigen en todo el país, ya que tanto las violaciones de las leyes laborales relacionadas con el trabajo infantil como los intentos de revertir las protecciones están en aumento.
Recientemente, se descubrieron casos de empleo ilegal de niños en varias plantas empacadoras de carne, propiedad de empresas como JBS, Cargill y Tyson. Estos niños, algunos de los cuales podrían ser menores migrantes no acompañados, fueron empleados ilegalmente en tareas peligrosas durante la noche, como limpiar sierras afiladas y otros equipos de alto riesgo en los mataderos. Al menos tres de ellos resultaron heridos. Además, se están investigando fábricas en la cadena de suministro de Hyundai-Kia en Alabama, que emplean a niños de hasta 14 años, muchos de ellos de familias migrantes guatemaltecas.
Estas infracciones descubiertas no son casos aislados, sino que revelan fallas sistémicas en las empresas y en el sistema de inmigración de Estados Unidos. Los jóvenes migrantes no acompañados que quedan atrapados en un sistema ineficiente son especialmente vulnerables a la explotación laboral por parte de empleadores y redes de intermediarios laborales. La acumulación de solicitudes de asilo y los retrasos en el procesamiento de los casos contribuyen a esta situación, dejando a los menores sin otras opciones viables que aceptar cualquier trabajo para sobrevivir.
El Departamento de Trabajo de EE. UU. ha informado un aumento significativo en las violaciones de las leyes de trabajo infantil. En el año fiscal 2022, hubo un aumento del 37% en el número de menores empleados en violación de estas leyes, en comparación con el año fiscal 2021, y un aumento del 283% en comparación con el año fiscal 2015. Además, las violaciones de órdenes de ocupación peligrosa también aumentaron en un 26% durante el año fiscal 2021 y un 94% durante el año fiscal 2015.
El Departamento de Trabajo ha llevado a cabo numerosas investigaciones en los últimos meses, descubriendo infracciones en 14 casos diferentes de trabajo infantil. Hasta febrero de 2023, se estaban investigando más de 600 casos de empleo ilegal de menores. Sin embargo, se estima que estos números representan solo una pequeña fracción de las violaciones reales, ya que la mayoría de los casos no se denuncian ni se investigan.
Estos hallazgos revelan que el empleo ilegal de menores no es un problema aislado causado por empleadores desinformados. Empresas importantes, como Packers Sanitation Services, Inc. (PSSI), propiedad de Blackstone Group, la firma de capital privado más grande del mundo, han sido señaladas por el uso «sistémico» de trabajo infantil en múltiples estados.
Es evidente que los jóvenes migrantes no acompañados que han quedado atrapados en el sistema de inmigración de Estados Unidos se han vuelto particularmente vulnerables a la explotación laboral. Con más de 130,000 niños migrantes no acompañados llegando a la frontera de EE. UU. en 2022, muchos huyendo de la pobreza y la violencia, la acumulación récord de solicitudes de asilo y los largos tiempos de espera para su procesamiento han dejado a estos menores sin permisos de trabajo y sin acceso a programas de apoyo social. Como resultado, se ven obligados a aceptar cualquier trabajo para sobrevivir y ayudar a sus familias.
Es esencial que las agencias federales aborden la acumulación de solicitudes de asilo y los problemas asociados, para garantizar la protección y el bienestar de los menores migrantes. Además, se requiere una acción legislativa tanto a nivel estatal como federal para proteger los derechos de los trabajadores de todas las edades y orígenes, al tiempo que se fortalecen las leyes y se aplican sanciones más estrictas contra los empleadores que violen las normas laborales y exploten a los menores.
La presión de los grupos de la industria ha llevado a legislaturas estatales a debilitar las protecciones contra el trabajo infantil. Mientras que las agencias federales han aumentado la aplicación de estas protecciones en respuesta a las crecientes violaciones, los grupos de la industria están trabajando para revertir las protecciones a través de legislación estatal.
Al menos cinco servidores públicos del departamento presentaron quejas y dijeron que fueron despedidos por decir que les preocupaba la seguridad de los niños.
En 2023, se presentaron ocho proyectos de ley en seis estados del medio oeste y en Arkansas para debilitar las protecciones contra el trabajo infantil. En Minnesota, se propuso un proyecto de ley que permitiría a jóvenes de 16 y 17 años trabajar en obras de construcción. En los últimos dos años, diez estados han introducido, considerado o aprobado leyes que revierten las protecciones para los trabajadores jóvenes.
Las demandas de los trabajadores jóvenes en la actualidad, independientemente de su origen migratorio, difieren significativamente de las generaciones anteriores. Su enfoque se centra en la mejora del entorno laboral y económico en lugar de conformarse con menos. Estos trabajadores buscan salarios justos (Kaplan, 2022), lugares de trabajo inclusivos y equitativos, igualdad de oportunidades laborales sin importar el estatus migratorio y una representación colectiva en la toma de decisiones. Muchos de ellos están ansiosos por organizarse y luchar por estas metas. Para atraer y retener a los trabajadores jóvenes, los empleadores deben reconocer y responder a estas realidades en lugar de presionar para reducir los salarios y debilitar las normas laborales mínimas existentes. Los implicados políticos tienen la responsabilidad de promulgar políticas que aborden la enorme desigualdad de poder entre empleadores y trabajadores, para que las expectativas razonables de los jóvenes trabajadores se conviertan en realidad.
Se requiere una acción a nivel federal y estatal para abordar estas cuestiones. Las siguientes recomendaciones son prioritarias a nivel federal:
Garantizar una financiación completa de las normas laborales y su cumplimiento, al mismo tiempo que se mejoran las sanciones por violaciones. El Congreso debe prestar atención a las recientes demandas de aumentar las sanciones por violaciones del trabajo infantil y abordar la insuficiencia crónica de fondos en la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo, donde los investigadores tienen a su cargo más del doble de trabajadores que hace 40 años.
Eliminar la discriminación en las leyes federales contra los trabajadores agrícolas.
El Congreso debe abolir las exclusiones ocupacionales en las leyes laborales y de empleo (Dixon, 2021) que han permitido la explotación generalizada de los jóvenes inmigrantes en la agricultura (Wurth, 2019) durante mucho tiempo.
Apoyar la Ley PRO.
Los legisladores deben fortalecer los derechos de los trabajadores para organizarse mediante reformas como la recientemente reintroducida Ley PRO. Esta ley reformaría la legislación laboral del país para evitar que los empleadores del sector privado obstaculicen de manera perpetua las elecciones sindicales y las negociaciones de contratos, así como para prevenir la coacción e intimidación hacia los trabajadores que buscan sindicalizarse.
Reformar el sistema de inmigración de Estados Unidos para proteger a los niños migrantes.
El Congreso debe aprobar una reforma migratoria que incluya una vía hacia la ciudadanía para los inmigrantes no autorizados, que aborde los retrasos en el procesamiento de solicitudes de asilo y brinde supervisión y protección adecuadas a los niños migrantes no acompañados después de que sean entregados a sus patrocinadores.
En ausencia de una acción federal para implementar estas importantes reformas, las legislaturas estatales pueden desempeñar un papel crucial para proteger mejor a los trabajadores jóvenes. En lugar de competir por establecer estándares de trabajo infantil más bajos, los estados pueden tomar medidas para eliminar brechas y exclusiones significativas en las leyes de trabajo infantil existentes, fortalecer las protecciones más allá de los estándares mínimos y limitados requeridos por la ley federal, y mejorar la calidad laboral para trabajadores de todas las edades.
Las acciones prioritarias que los legisladores estatales deben considerar incluyen:
Ya que los menores realizan las mismas tareas que sus colegas más adultos, a menudo enfrentando riesgos mayores para su salud y bienestar. No hay justificación para pagarles salarios inferiores al mínimo, puesto que se ha demostrado que esto contribuye a la pobreza infantil y familiar.
Casi la mitad de los trabajadores jóvenes reciben el salario mínimo federal o menos (BLS, 2022b), y una proporción mayor de trabajadores jóvenes gana menos de $15 por hora en comparación con otros grupos de edad. Aumentar el salario mínimo elevaría el nivel de ingresos tanto para estos trabajadores como para los aproximadamente 14 millones de trabajadores que actualmente ganan menos de $15 por hora en todo el país.
Las leyes federales y la mayoría de los estados permiten estándares más bajos para el trabajo agrícola, como permitir que niños de hasta 10 años realicen trabajos en ciertas granjas y no establecer límites de horas de trabajo (DOL, 2016). Estas exenciones obsoletas para el trabajo agrícola no cumplen con las normas internacionales que regulan el trabajo infantil (HRW, 2022). Mientras el Congreso ponga fin a este sistema, los estados pueden y deben intervenir para cerrar estas brechas.
Los trabajadores jóvenes son especialmente vulnerables al robo de salarios, representando casi un tercio de las violaciones reportadas del salario mínimo (Cooper y Kroeger, 2017). Sin embargo, la mayoría de los casos de robo de salarios no se denuncian. Fortalecer las protecciones legales contra el robo de salarios, aumentar la capacidad de aplicación y aumentar las sanciones ayudaría a disuadir a los empleadores de violar la ley (Mangundayao, et al. 2021).
Históricamente, los trabajadores jóvenes e inmigrantes han estado a la vanguardia de los esfuerzos para organizar sindicatos y mejorar las condiciones laborales en la economía estadounidense, pero con demasiada frecuencia se enfrentan a limitaciones y exclusiones en la legislación laboral (Glass 2022; Moreta y Figueroa, 2018). Los estados tienen un papel crucial en garantizar los plenos derechos sindicales tanto de jóvenes como de adultos que trabajan en la agricultura y en el trabajo doméstico, especialmente en ocupaciones que emplean a un gran número de mujeres jóvenes inmigrantes (Banerjee et al. 2022; Mikolajczyk 2022; Lieberman et al. 2021). Si los estados no toman medidas, estas ocupaciones quedan excluidas de la legislación laboral federal.
Es fundamental que los legisladores estatales reconozcan la importancia de proteger y promover los derechos de los trabajadores jóvenes. Al eliminar los salarios por debajo del mínimo, aumentar el salario mínimo, eliminar el sistema de dos niveles en la industria agrícola, fortalecer la aplicación de las leyes de pago de salarios y empoderar a los trabajadores jóvenes para formar sindicatos, los estados pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida y el bienestar de estos trabajadores.
Además de las acciones a nivel estatal, también se requiere una acción a nivel federal. Es necesario que el Congreso financie plenamente las normas laborales y su cumplimiento, mejore las sanciones por violaciones y elimine el trato desigual de los trabajadores agrícolas bajo la ley federal. Apoyar la Ley PRO, que fortalecería los derechos de los trabajadores a organizarse, y reparar el sistema de inmigración roto para proteger a los niños migrantes, son medidas cruciales que deben ser abordadas a nivel federal.
En resumen, para garantizar un entorno laboral justo y equitativo para los trabajadores jóvenes, tanto a nivel estatal como federal, es necesario tomar medidas concretas y entender las dificultades económicas tanto de los niños como de los adultos. Los legisladores deben actuar para eliminar las brechas y exclusiones en las leyes laborales, fortalecer las protecciones salariales, mejorar la aplicación de las leyes laborales y promover la formación de sindicatos. Solo a través de estas acciones se podrán abordar las desigualdades y mejorar las condiciones de trabajo para los trabajadores jóvenes, quienes merecen salarios dignos, igualdad de oportunidades y una voz colectiva en el lugar de trabajo y la economía.
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Ruy Renau
Redactor en EXPOST
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